El plan B en México es una propuesta de reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca modificar seis leyes secundarias relacionadas con el sistema electoral del país. El plan B surgió después de que el Congreso rechazara una reforma constitucional que pretendía reducir los costos y cambiar la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano encargado de organizar las elecciones.
El plan B ha generado polémica y controversia entre los partidos de oposición, que lo ven como un intento de debilitar la autonomía y la capacidad del INE, así como de afectar las condiciones de equidad y transparencia de los comicios de 2024, en los que se renovará la presidencia y el Poder Legislativo, entre otros cargos. Algunos de los cambios que plantea el plan B son:
- Recortar el personal y el presupuesto del INE, lo que implicaría la liquidación de trabajadores especializados en materia electoral y la remoción anticipada del secretario ejecutivo.
- Cambiar las fechas de inicio y fin del proceso electoral federal, que comenzaría la tercera semana de noviembre de 2023 y terminaría a finales de junio de 2024.
- Modificar el proceso de cómputo de votos, que iniciaría desde las 18:00 horas del día de la elección, eliminando la necesidad de un Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
- Regular la comunicación social del gobierno federal y los gobiernos locales durante el periodo electoral, estableciendo límites al gasto y a los contenidos que pueden difundir.
- Ajustar las reglas para el registro y la conservación de los partidos políticos, así como para la asignación de diputados y senadores por el principio de representación proporcional.
El plan B fue aprobado por el Senado el pasado 22 de febrero y promulgado al día siguiente por el presidente López Obrador. Sin embargo, su entrada en vigor está sujeta a posibles impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tendrá que resolver si las reformas son constitucionales o no. Los partidos de oposición han anunciado que presentarán acciones de inconstitucionalidad contra el plan B, argumentando que viola los principios democráticos y los derechos político-electorales de los ciudadanos.
