El plan B electoral es una reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que busca modificar varias leyes en materia electoral, entre ellas la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El plan B ha sido cuestionado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que lo considera una amenaza a su autonomía y a la democracia. El INE presentó dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar el decreto que contiene el plan B.
El 24 de marzo, el ministro Javier Laynez Potisek admitió una de las demandas del INE y concedió una suspensión indefinida al plan B, lo que significa que las cosas se mantendrán como están y se aplicarán las leyes vigentes antes de la reforma. El ministro argumentó que el decreto contiene normas generales y actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión suele otorgarse.
La suspensión durará hasta que la SCJN resuelva sobre la constitucionalidad del plan B. El Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal pueden impugnar la suspensión ante una de las salas de la Corte.
La suspensión del plan B es un revés para el presidente López Obrador, que ha criticado al INE y a la SCJN por oponerse a su reforma. El Gobierno Federal ha acusado al ministro Laynez de arrancar hojas a la Constitución y de actuar con parcialidad.
La suspensión también es un alivio para el INE, que podrá seguir operando con normalidad y sin interferencias en el proceso electoral. El INE ha defendido su autonomía y su papel como garante de la democracia.
